FAENON CON MATERIALES ANTIMOTINES

DETALLE.-En conversación con LA PRIMERA, Williams Andrews, ejecutivo de “Combined Systems Inc.” confirmó haber vendido lacrimógenas a Honduras, pero no precisó si lo hizo con autorización del gobierno peruano, que tiene retenido un lote en el puerto del Callao y adeuda a su representada la suma de 3 millones de dólares, correspondiente a los daños y perjuicios por haber anulado el contrato de compra-venta de gases lacrimógenos y balas de goma en 2007.
La tesis de que el gobierno de Alan García ayuda al régimen golpista de Roberto Micheletti en Honduras, con el envío de bombas lacrimógenas de la Policía Nacional del Perú que son empleadas en la represión de manifestantes, fue negada ayer por algunas autoridades, aunque la manera en que estos pertrechos llegaron a Honduras y la relación contractual entre el Estado peruano y la empresa fabricante deja entrever un posible tráfico de armas y miembros del Parlamento quieren más explicaciones. Según el Ministerio del Interior, el titular de esta cartera, Octavio Salazar, solicitó ayer información sobre el origen de estas bombas lacrimógenas al ministro de Seguridad de Honduras, Jorge Rodas, quien respondió por escrito que el material lacrimógeno fue adquirido por su gobierno a la empresa hondureña “Representaciones Comercio e Inversiones” la cual, a su vez, lo adquirió a la empresa “Combined Systems Inc.” de Estados Unidos.Salazar argumentó que aquellas bombas son “el residuo” de una compra de pertrechos anulada en octubre de 2007, cuando Luis Alva Castro era titular de esa cartera, tras una transacción realizada con “Combined Systems Inc.”. El contrato entre el Estado peruano y la referida empresa norteamericana fue suscrito en agosto de 2007, pero en octubre del mismo año la venta fue anulada porque el Congreso detectó que la transacción había sido sobrevaluada y realizada sin cumplir las normas de contratación pública.El congresista Mauricio Mulder dijo que sólo una parte del material lacrimógeno con el rótulo de la Policía Nacional del Perú llegó al país y cuando el contrato fue anulado el resto de la carga ya no fue enviada y ese “residuo” sería el que fue vendido al gobierno hondureño. Pero la venta del llamado “residuo” sólo debió hacerse con la anuencia del Ministerio del Interior peruano, sobre todo si la relación entre el Estado peruano y la empresa que fabricó los gases lacrimógenos disponía que los gases llevaran el nombre de la PNP. El parlamentario José Urquizo dijo que “es grave que se utilice material con el sello de la Policía Nacional en otro país, la empresa que lo fabricó sabe que estos materiales deben ser utilizados sólo por el país con el que firmó un contrato de venta. Creo que estamos hablando de un tráfico de equipos antimotines. A su vez, Edgard Reymundo dijo que “El Bloque Popular presentará una iniciativa para que el Congreso conforme una comisión multipartidaria para que investigue este caso, pues es algo inaudito que en otro país se esté utilizando material policial con el sello de nuestras fuerzas policiales. Podría ser que esto confirme algún vínculo de apoyo del gobierno de Alan García a la dictadura de Roberto Micheletti”.

CLARO COMO NO VAN A SABER SOBRE LOS MATERIALES ANTIMOTINES, ESTO ES EL APRA CON SU MONAGUILLO MINISTRO DEL INTERIOR TIRA DE LADRONES Y CORRUPTOS, QUE EN NADA LE INTEREZA LA CRITICA SITUACION EN LA QUE VIVIMOS, NO HACE NADA POR LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL PUEBLO PERUANO, PORQUE NO TIENE UNA POLITICA PROPIA PARA ESTE TEMA, SOLO PLANES Y PLANES, NO JODAN YA TUVIMOS TODA CLASE DE MINISTROS ES EL MOMENTO QUE EL SUPP ASUMA ESTA RESPONSABILIDAD DE CONDUCIR CORRECTAMENTE ESTA INSTITUCION CORRUPTA Y PODRIDA.
ES URGENTE ORIENTAR Y CONSTRUIR UNA POLICIA DEMOCRATICA EN EL PERU,
PORQUE ES MUY IMPORTANTE TENER UNA POLICIA DEL CIUDADANO, DEL PUEBLO, ASI TENER UN PLENO DESARRROLLO EN TODO ASPECTO DE NUESTROS PUEBLOS.

ESTAMOS VIGILANDO
Comité de Prensa y propaganda del SUPP

TENEMOS LAS MISMAS PORQUERIAS NO LES INTEREZA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL PUEBLO PERUANO, MENOS LA CRITICA SITUACION DEL TRABAJADOR UNIFORMADO

CPN RADIO - 16:05 - 17 SETMás de 20 alcaldes integrantes de la Mesa de burgomaestres de Lima Metropolitana y Callao por la Seguridad Ciudadana exigieron al Presidente de la República la remoción del cargo de ministro del Interior, Octavio Salazar Miranda.
En un pronunciamiento público, expresaron que Salazar Miranda debe salir de ese portafolio debido a que su gestión es ineficaz en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
“Se ha marginado totalmente a las Municipalidades en la lucha contra la inseguridad ciudadana, convirtiéndola en una mera actuación policial sin estrategias sociales”, señalaron.
Explicaron que hay un desorden de roles que ocasiona que la población considere como responsable de la seguridad ciudadana al personal de Serenazgo de las comunas distritales.

Diario la Primera/El Ministro del Interior ha sido ineficaz en la lucha contra la inseguridad ciudadana porque no tiene una política de trabajo y porque no está ‘ubicado’, dijo Juan Manuel del Mar, alcalde de Surco.

Sostienen que es ineficaz para lucha contra la delincuencia y que está perdido en ministerio.

Por consenso y por estar cansados de ser ignorados y hasta culpados de la inseguridad que se vive en las calles, los alcaldes de Lima Metropolitana y el Callao pidieron ayer al presidente Alan García el cambio inmediato del titular del Ministerio del Interior, Octavio Salazar, por considerarlo ineficaz, y señalaron que “no funciona”, “está perdido” y “es de escritorio y de paseaditas”.Un pronunciamiento de la Mesa de Alcaldes de Lima Metropolitana y el Callao por la Seguridad Ciudadana expresó que Salazar ha puesto freno a los programas de sus antecesores, perjudicando los avances en la labor conjunta de los gobiernos locales y la autoridad policial y generando un desorden de competencias que ha ocasionado que la población culpe al serenazgo de los problemas. Como vocero de los alcaldes que firmaron este petitorio, el alcalde de Santiago de Surco, Juan Manuel del Mar, dijo que el ministro del Interior “ha sido ineficaz en la lucha contra la inseguridad ciudadana porque no tiene una política de trabajo y porque no está ubicado en el cargo, pese a su experiencia como ex jefe de la VII Región Policial y ex director general de la PNP.Agregó que sus últimas actitudes, hace dos semanas y el pasado jueves, en reuniones con los alcaldes, colmaron la paciencia de éstos que pidieron su renuncia, pues en la primera se retiró cuando los alcaldes comenzaban a explicar sus planteamientos de solución al problema de la seguridad y en la segunda, simplemente no asistió. “Lo peor es que luego -ante la prensa- aseguró que el problema es de las municipalidades, mientras el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el ex director de la PNP Eduardo Pérez Rocha, quien sí estuvo con nosotros y tuvo una actitud conciliadora, dijo luego que las críticas al Ministerio del Interior para que asuma el control de seguridad, se deben a un cálculo electoral de los alcaldes, exonerándose así de este problema y endilgándolo a las municipalidades. Pero eso no es todo. Del Mar aseguró que el pedido de apoyo policial a las unidades de serenazgo de su distrito fue respondido con la exigencia del pago de 30 soles por cada policía al Ministerio y 72 soles directamente al policía, cuando hasta enero del 2007 el pago era de 37 soles ¿El Ministerio se ha convertido en un service?, preguntó.El burgomaestre también recordó que hace un mes le ofreció 101 vehículos de serenazgo con el único pedido de que designe a un policía y, en lugar de agradecerlo, Salazar le respondió que no podía aceptarlo porque tenía “una mística” que se acabó cuando le pagaron el dinero por cada policía.El comunicado fue surcrito por Lovell Yomond (Independencia), Alfredo Valcárcel (Chaclacayo), Freddy Ternero (San Martín), Alberto Tejada (San Borja), Gustavo Sierra (Surquillo), Rafael Santos (Pueblo Libre), Alberto Sánchez (La Victoria), Martín Príncipe (Lince), Guillermo Pozo (Ancón), Enrique Ocrospoma (Jesús María), Antonio Meier (San Isidro), Carlos Loza (Punta Negra), Felipe Mezarina (Barranco), Salvador Heresi (San Miguel), Guillermo Fernández (Punta Hermosa), Juan del Mar (Santiago de Surco), Renán Espinoza (Puente Piedra), Fernando Durand (San Luis), Juan Gavilano Ramírez (Carmen de la Legua), Leonor Chumbimuni (Santa Anita), Gastón Cajina (teniente alcalde de La Molina), Rafael Álvarez (Carabayllo) y Ángel Abugattás (Santa María del Mar). A este pedido se sumarán más alcaldes en las próximas horas.

NOSOTROS YA DECIAMOS EN NUESTROS PRONUNCIAMIENTOS QUE ASUMIA A LA CARTERA DEL INTERIOR OTRO INCAPAZ Y CORRUPTO, CLARO COMO TIENE PERIODISTAS DE LA QUINTA RUEDA DEL COCHE, ESTOS LO ADULAN, OFICIALES ADICTOS AL PODER QUE INFLAN LAS INTERVENCIONES POLICIALES, DONDE ESTAN LOS GRANDES CORRUPTOS, LADRONES Y MAFIOSOS, ELLOS SE PASEAN POR SUS NARICES.

SABEMOS QUE EL Gra.PNP (r) Octavio Salazar NO SABE NADA DE LA FUNCION POLICIAL, MENOS DE LA CRITICA REALIDAD QUE AFRONTA EL TRABAJADOR UNIFORMADO, todos sabemos que en el Paìs como dice nuestro Colega "RUMIMAKI" no tenemos una Politica de Estado de Drogas, contra la Delincuencia,etc,etc. Todo es improvisaciones, de que sirven los planes, ya tenemos los experimentos de este gran sabio que ninguno dio resultado, menos ahora que es ministro de las cortinas de humo. HASTA CUANDO PORQUE NO NOS ESCUCHAN Y OYEN NUESTRAS PROPUESTAS.

Saludos en Nombre del SUPP.

Comitè de Prensa y propaganda.